Como si no formara parte de la democracia, la transparencia ha estado ausente de los dos gobiernos de la llamada 4T. La opacidad ha sido santo y seña del pasado gobierno y del que se inauguró con Claudia Sheinbaum en 2024. Se manifiesta en todos los ámbitos. Las cifras sobre homicidios y desapariciones, los indicadores de salud y educación, las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y México, la política de publicidad gubernamental, el trabajo de las fiscalías, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, los programas sociales, el uso de recursos públicos, la asignación de contratos y casi cualquier otro tema que se nos pueda ocurrir. Todo con el fin de evitar la rendición de cuentas.
En el México de la 4T la secrecía ha llegado al extremo de esconder durante meses el contenido de las iniciativas de reforma electoral que, por definición, afectan a toda la ciudadanía y a sus derechos políticos. Lo vivimos durante siete meses mientras una comisión monolítica redactaba el famoso Plan A, en el cual se alteraban partes centrales del proceso electoral como la integración y funciones de las autoridades, el costo de las elecciones, la representación en las cámaras y hasta el conteo de votos.
El gobierno simuló un debate público con una serie de consultas que terminaron en una Comisión para la Reforma Electoral que decidió en lo oscurito y se negó a procesar las iniciativas de cara a los partidos, de los expertos y de la sociedad en general, sin decir el por qué y el cómo de los cambios a la legislación electoral. El debate, entonces, se redujo a la especulación.
Cuando por fin se hizo público el proyecto de cambio, llovieron las críticas y el gobierno pagó el costo del rechazo a su iniciativa. No por los argumentos que se dieron en el breve espacio entre que se presentó y el momento de su votación sino sólo porque sus aliados desde el 2018 se rebelaron y le dieron la espalda por no convenir a sus intereses.
Vino el Plan B, en el cual privó la misma secrecía, aunque en esta ocasión sí se incorporó a los aliados que estuvieron a punto de romper la coalición. La oposición –partidista y ciudadana– volvió a ser excluida.
No ha habido tiempo para analizar la iniciativa en toda su extensión, pero el foco de la misma cambió radicalmente. Desaparecieron los puntos por los que el PVEM y el PT manifestaron su rechazo: disminución de las curules del Senado, cambio en los plurinominales y disminución del financiamiento a los partidos. Ahora el núcleo de la iniciativa tiene que ver con lo local: el funcionamiento de la democracia e instituciones en los estados y municipios, así como las remuneraciones de diversos funcionarios.
Como si el federalismo no existiese y no hubiese un artículo constitucional (art. 40) que define a México como una República representativa, democrática, laica y federal. Como si no definiera que el federalismo se entiende como la unión de estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos en una Federación según la Constitución.
Ahora el ahorro y la supuesta desaparición de los privilegios cambia y se dirige a congresos e instituciones electorales locales, a alcaldes, síndicos y regidores. Dicen que con el Plan B se ahorrarán 4 000 millones de pesos, repitiendo el uso del discurso de la austeridad para la demolición. Mejor sería preguntarnos cómo una sola empresa del huachicol fiscal pudo robarnos 29 mil millones, más de siete veces lo que dicen que se ahorrará con esta reforma.
Si ya de suyo se juzgaba innecesaria una reforma electoral cuando México enfrenta problemas mucho más serios que los de la representación, ahora se vuelve doblemente innecesaria. Innecesaria pero transitable para los aliados que vieron sus curules y su dinero a salvo. Claro, salvo que el verdadero propósito y el punto central de la reforma no está en rebajar –dicho sea de paso, mínimamente– el costo de la democracia sino en modificar la fecha de la revocación de mandato para hacerla coincidir con las elecciones intermedias.
Para esta reforma, que es constitucional, el PVEM y el PT no tienen objeción en darle los votos necesarios para alcanzar la mayoría constitucional: deja a salvo su porcentaje de asientos en las cámaras y no toca sus prerrogativas electorales. El partido oficial y la presidenta serán los ganones. El partido porque Sheinbaum estará en la boleta del año siguiente y les atraerá algunos votos. La presidenta, porque se beneficiará de la movilización de la estructura territorial en momentos en los que el desempeño del gobierno deja mucho que desear.
En todo caso, nos volvemos a encontrar no sólo ante la opacidad sino ante la ausencia de un debate público y parlamentario en donde lo único que contará será esa aplanadora ganada de manera ilegal en el 2024.
Ma. Amparo Casar
Analista política y presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad