Hoy tenemos puesta la mirada en la reforma electoral cuyo ciclo de discusión puede alargarse hasta abril. En ella no hay ningún signo de optimismo democrático. Pero se acerca una nueva oportunidad para que el gobierno de Sheinbaum demuestre si sigue afianzando la ruta autoritaria o comienza a echar reversa.
La democracia tiene otros aspectos además de las reglas electorales. Próximamente el gobierno de Sheinbaum y los diputados de Morena tendrán la posibilidad de demostrarnos si al sistema le queda todavía un poco de pudor democrático y algún grado de compromiso con el Estado de derecho o, ya de plano, mejor nos olvidamos.
La oportunidad es la del nombramiento del o de la titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la del margen de maniobra que le sea permitido. Y digo nombramiento y margen de maniobra porque ya sabemos que el Auditor Especial de Desempeño de la ASF –Agustín Caso Raphael– fue cesado después de haber revelado que la cancelación del NAIM tuvo un costo superior a 331 mil millones de pesos. Al presidente no le gustó y afirmó: “me gustaría que ellos aclararan ese dato, que está mal, es exagerado”. El Auditor –David Colmenares– inmediatamente difundió un comunicado reconociendo inconsistencias en la cuantificación. En dicho comunicado aparecía el nombre de Caso Raphael, pero no contenía su firma.
Lo mismo ocurrió con muchas otras auditorías. Por ejemplo, ya terminada, se decidió dar de baja la Evaluación de la Política Educativa porque no convenía a los intereses del gobierno. La política fue, entonces, la de evitar auditorías incómodas al gobierno. Ese fue el caso con la cancelación de la auditoría sobre “Medicamentos para el Tratamiento del Cáncer Infantil” a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar.
La ASF es tan importante que gracias a ella pudo documentarse y después llevar a juicio a Javier Duarte. Sin ella jamás se habrían podido descubrir, documentar y confirmar actos de corrupción tan escandalosos como La Estafa Maestra o Segalmex. Su autonomía significa que tiene la facultad de decidir sobre su propia organización, funcionamiento y resoluciones. Eso dice la Constitución pero como siempre en nuestro país hay asegunes.
La autonomía es condición necesaria pero no suficiente para que actúe sin sujeción a los tres poderes de la Unión. El partido en el gobierno tiene la mayoría para decidir por sí solo quién será el o la próxima titular y también la de removerlo(a). Con ello tiene un poderoso instrumento para decidir qué auditorías se llevan a cabo, cuáles no se publicitan o de plano cuáles se alteran. La situación es tan gravosa que entre 2018 y 2022, fueron cancelados un total de 194 estudios y auditorías.
Si no es exagerado decir que la autonomía de la ASF es indispensable para la muy mermada transparencia y rendición de cuentas, tampoco lo es para disminuir la impunidad. Cada auditoría no aclarada debería traducirse en una demanda ante las autoridades. Eso no sucede.
Mientras estuvo al frente el Auditor Juan Manuel Portal (2002 a 2017) se presentaron 868 denuncias penales producto de las auditorías llevadas a cabo durante su periodo. Con David Colmenares (2018-2026) éstas bajaron a tan sólo 275, la mayoría de las cuales se referían al sexenio de Peña Nieto. Sobra insistir en la importancia de este órgano con autonomía técnica. Se trata ¿cómo no? de la transparencia, la rendición de cuentas y la impunidad. Por tanto, se trata de la democracia.
Como en la iniciativa de reforma electoral, en el caso de la ASF no hay muchas bases para el optimismo. La ruta marcada por la 4T es la de la opacidad y la impunidad. Una ruta en la que se confunde la rendición de cuentas con la mañanera. Una ruta en la que el poder “informativo” que surgió con el obradorato hace un uso excesivo de noticias falsas o imprecisas, influencers, bots y todo el entramado de nuevos medios digitales afines. Una ruta que ha sepultado información histórica por medio de la desaparición de alrededor de 70 % de las bases de datos previas del gobierno federal, la muerte del INAI y el cada vez peor funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Pero se vale soñar. Soñar con una ASF que cambie sus reglas internas para convertirse en un órgano verdaderamente independiente y autónomo y, si es posible, convertido en un órgano colegiado que le quite el poder absoluto al titular, que ponga en la mira la recuperación de activos y el fin de la impunidad de aquellos que lucran con el desvío de recursos públicos. Valdría la pena que la presidenta y los morenistas le echaran un ojo a una muy interesante iniciativa presentada ya hace más de cinco meses por uno de sus integrantes, el diputado Ramírez Cuéllar.
Ma. Amparo Casar
Analista política y presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad